La prueba de interrogatorio de testigos en el proceso civil encuentra su regulación en una norma, la LEC, que ya supera en años la veintena y que, inicialmente y respecto a la regulación de este medio, heredó de su antecesora algunas prescripciones y ha sufrido ciertas modificaciones no demasiado significativas. Con todo, la conciencia de los sesgos que rodean a la práctica de la prueba de testigos y el auge del uso de los medios tecnológicos basados tecnologías audiovisuales ha provocado un cierto desprestigio de este medio. No obstante, en la práctica encontramos la cabida de la utilización de la prueba testifical con una función complementaria o de apoyo a otros medios de acreditación y, en algún caso, incluso, con una función supletoria ante la ausencia de otras pruebas que podemos denominar más objetivas. Por ello, es el momento de realizar una nueva lectura crítica del régimen procesal imperante en la prueba de testigos desde la hipótesis siguiente: ¿podrían mejorarse los resultados si se contara con una mejor técnica legislativa procesal que permitiera una mayor depuración e interpretación de la práctica probatoria testifical? La respuesta ha de ser favorable, una vez nos cercioramos de que ciertas distorsiones de los resultados arrojados por la declaración del testigo podrían evitarse a través de una mejor regulación de su práctica. La obra aborda de manera exhaustiva el fenómeno y lo integra en cuatro grandes bloques temáticos que son el ámbito subjetivo, el ámbito ritual o de sustanciación, el ámbito objetivo o de contenidos y, por último, la valoración judicial de este medio probatorio. Como temas destacados, el estudio se sumerge en el uso de las tecnologías digitales, en particular, trata las implicaciones del uso de la videoconferencia durante el interrogatorio testifical y los aspectos controvertidos de la utilización de la inteligencia artificial; además, incide con entusiasmo en los requerimientos de las preguntas, pieza clave en la introducción de la información del testigo en el proceso, donde propone un necesario diferente trato respecto al interrogatorio directo del interrogatorio cruzado. Asimismo, estudia los efectos del desistimiento del testigo y en concreto si puede o no impedir este acto el interrogatorio de las partes que no lo pidieron. Y se suma un rescate de las principales pautas de la psicología del testimonio, que puede ayudar tanto a la hora de construir los interrogatorios como en el instante de valorarlos. Y todo ello, con atención a las reformas procesales en marcha, en concreto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y también del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. María José Fernández-Fígares Morales es doctora y profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Granada. Anteriormente, fue profesora de la misma área en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus principales líneas de investigación pesa con fuerza la litigación y los medios de prueba de carácter personal, tema que fue objeto de su estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile, un centro con investigadores pioneros en la litigación y en el interrogatorio procesal. Cuenta con múltiples publicaciones en esta línea, donde atesora tanto monografías como estudios en revistas de impacto y capítulos de libros en las mejores editoriales. Sobre esta temática, ha realizado una importante labor como ponente y conferenciante en Congresos tanto nacionales como internacionales y una gran actividad de divulgación y transferencia, donde destaca su colaboración con la Escuela Judicial, con la Fiscalía del Estado, con el cuerpo de Letrados de distintas autonomías, con Instituciones Penitenciarias y, por supuesto, ha presentado sus resultados en distintos Colegios de Abogados y multitud de colegios de profesionales que intervienen en los litigios. Es investigadora de la Unidad Excelencia de Investigación Sociedad Digital, Seguridad y Protección de Derechos, de la Universidad de Granada. En toda su obra se vislumbra su experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía en la vertiente de litigación, una actividad en la que ha desempeñado durante más de veinticinco años.
